El sainete nacional

Primer acto

El presidente le pide al gobernador de Antioquia, a quien a duras penas “distingue”, que suspenda la “vaca” para recolectar fondos con destino a terminar vías 4G. Desde las alturas éticas que da venir de una campaña financiada con claridad meridiana, el presidente alega que la colecta “puede estar infiltrada por dineros sucios del narcotráfico, incorporados a las donaciones”. La advertencia tiene que ver con un libelo que supuestamente confirmaría que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) habrían consignado 10 millones de pesos en la cuenta usada por la “vaca”. Ricardo Giraldo, abogado de las AGC (a las que nadie puede referirse como Clan del Golfo, porque se les hiere en lo más profundo), duda de la donación, pues alega que él representa a “un grupo armado serio (que) no se prestaría para semejante payasada ni para juegos políticos sucios y menos en detrimento de las comunidades que tanto dicen proteger”. Pide al presidente que, si quiere confirmar la naturaleza de la consignación, se sirva citar a una mesa de diálogos donde el grupo revelaría si donó o no. Mientras, el gobernador le contesta al presidente: “Seguimos adelante; si Antioquia resiste, Colombia se salva”. Resiste (¿al Gobierno de Petro?) y se salva (¿del Gobierno de Petro?). El presidente, flotando en el éter jurídico, le recuerda al gobernador que quien capte dineros de forma habitual y masiva, sin previa autorización de la autoridad competente, se expone a prisión de hasta 240 meses. Amenazas que germinan en el desierto legal que es Presidencia de la República, donde no entra un buen abogado ni encaletado.

Segundo acto

Genuinamente molesto por la actividad criminal de alias Iván Mordisco, a quien la vida ajena le importa lo mismo que a Nicolás Maduro la democracia, el presidente Petro le pide que “deje de usar la memoria de (alias) ‘Manuel Marulanda Vélez’, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”. Tirofijo, que murió con el alma almidonada en sangre ajena, fue objeto de otra invocación: la de Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, quien, citando cifras y datos de la Comisión de la Verdad, les recordó a los colombianos que pasó 60 años asesinando, secuestrando, extorsionando, reclutando menores, robando, dinamitando, fusilando y narcotraficando. En trino ampliamente cuestionado por las bodegas a sueldo, don Iván le pegó un mordisco al presidente: “Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de ‘Manuel Marulanda’. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”. En entrevista para CM&, Andrey Avendaño, delegado de la disidencia de Mordisco, el Estado Mayor Central, en la mesa de diálogos de paz, dijo: “Me atrevo a afirmarlo con radicalidad y con la transparencia que me ha caracterizado como revolucionario: nosotros en los territorios no apoyamos con recursos la campaña de Gustavo Petro; es totalmente falso lo que en este momento se está planteando por las redes sociales”. ¡Palabra de revolucionario!

Tercer acto

El pasado 23 de diciembre, según reveló Jorge Espinosa en Caracol Radio, el ministerio de Transporte prorrogó el contrato que permite la operación del muelle 13 del puerto de Buenaventura, en cabeza de la Sociedad Grupo Portuario, cuyo principal accionista es Ventura Group. Ventura podría encargarse de la actividad hasta el año 2045. Sorpresivamente, cinco días después, en el “inocentísimo” 28 de diciembre, el gobierno reculó, de manera que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocó la prórroga que la propia entidad había otorgado. La razón: “una posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. Luego de que el Gobierno reconfirmara tal decisión, la Procuraduría pidió soportes técnicos que respaldaran la posibilidad de tal daño. La ANI respondió que dichos soportes no existen. Estableció la Procuraduría que la “sociedad portuaria cuenta actualmente con un Plan de Manejo Ambiental actualizado al año 2023, aceptado por la autoridad ambiental competente”. Ventura está considerando una multimillonaria demanda a la Nación. Recordar es vivir: el 25 de mayo de 2021, luego de casi un mes de paro, un fuerte accionista de Ventura, Álvaro Rodríguez, logró llevar al entonces presidente, Iván Duque, a Buenaventura. Rodríguez es, además, uno de los dueños de la revista Alternativa, que hasta hace unos días dirigiera Hassan Nassar, ex consejero presidencial (de Duque) para las comunicaciones. Nassar, férreo crítico de Petro, dejó la revista y se hizo a la mar en busca de un nuevo puerto laboral.

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Retaguardia. Triste que RTVC, sistema de medios públicos (sostenido con dinero de todos los colombianos) se convierta en caja de resonancia de las militancias. Lamentable que haga las veces de fuente de recursos para una camarilla de avivatos. Pero, lo realmente pavoroso, es que, como en épocas del Canal Capital de la Bogotá Humana, se lo utilizara para atacar y desprestigiar a quienes cuestionen al gobierno. Eso sí que iría en contravía del decoro y la ética. A propósito, en cuestión de siglas, nunca debe confundirse RTVC con UIAF, DIAN o DNI.

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