Gustavo Gorriti (Lima, 1948) fue seis veces campeón nacional de judo de Perú. Cuando se cansó de las lesiones se pasó al Krav magá, el sistema de defensa personal de las fuerzas armadas israelíes. Los periodistas de IDL-Reporteros, el periódico de investigación que dirige, lo practican tres veces en semana, no como una sugerencia, sino como una obligación laboral. El político al que le descubren un escándalo puede estar al día siguiente esperándolos en la puerta de la redacción con un bate de béisbol en la mano.
Gorriti, a lo largo de estos años, se ha dado cuenta de que pocas cosas se complementan tan bien como las artes marciales y el periodismo. Esa disciplina aprendida le sirve de ayuda en este momento grave de su vida: en agosto del año pasado le diagnosticaron un linfoma del manto, un cáncer muy agresivo, en un estado avanzado. Se sometió a quimioterapia y ahora se medica. A estas alturas debería pasar las mañanas practicando yoga nidra, una técnica de relajación a través de cuentos tibetanos, pero Gorriti ha pedido el alta voluntaria y dedica el día a defenderse de la persecución de la Fiscalía peruana, que le ha ordenado que entregue los teléfonos que usó cuando investigaba el caso Odebrecht y descubrió la implicación de políticos y empresarios de su país.
“Combino el tratamiento con el enfrentamiento. Si algo no puedo hacer en una circunstancia como esta es no plantear una resistencia”, cuenta en una videollamada que atiende desde su despacho en Lima, delante de una biblioteca que ha atesorado durante toda una vida. Llegó tarde al periodismo, no pisó la redacción de una revista hasta los 30 años, en la década de los ochenta. Pero desde ese momento se inició en los secretos de un oficio que lo convertiría, con los años, en un reportero legendario.
El intento de la Fiscalía peruana de revelar las fuentes de información de Gorriti ha despertado una ola de solidaridad internacional del gremio periodístico y de organizaciones en defensa de la libertad de expresión. IDL-Reporteros comenzó a investigar en 2011 el caso Lava Jato, considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil -y probablemente de toda América Latina-. De ahí derivo el caso Odebrecht, que seguía el rastro que dejó una constructora que compró de forma masiva a políticos, empresarios y exfuncionarios de todo el continente. En Perú, el asunto fue especialmente grave. La empresa financió a nada más y nada menos que a cuatro presidentes peruanos y, aparentemente, a la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori. Todos ellos han sido procesados y han pasado tiempo en prisión o en libertad vigilada.
Para investigar la raíz de este asunto, se creó en su día un equipo especial para Lava Jato, con dos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que ahora también están siendo investigados, al igual que Gorriti. La fiscalía acusa a los tres de cohecho, tanto activo como pasivo. “Supuestamente, ellos me daban información y yo les daba apoyo mediático”, explica el periodista. Ese señalamiento se basa en la declaración de Jaime Villanueva Barreto, antiguo hombre de confianza de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, que llega a decir que Gorriti, con sus exclusivas, indujo al suicidio al expresidente Alan García, que se pegó un tiro cuando los policías entraban en su casa para detenerlo por corrupción, en 2019.
García intentó demostrar públicamente que él no había sido sobornado por Odebrecht, pero Gorriti consiguió las pruebas. Ambos se enzarzaron en una pelea pública con un intercambio agrio y áspero de calificativos. “Por eso me acusan de jalar el gatillo”, dice. “Hubo mucha violencia y una gran pasión en todo esto. Y debo decirte que a mí me chocó profundamente esa muerte. Elegir la muerte en esas circunstancias me pareció increíblemente exagerado, no correspondía con los hechos”. Desde ese momento aumentó exponencialmente una campaña de difamación contra Gorriti que tiene eco en redes sociales, televisiones privadas y ahora en la rama judicial.
El periodista tenía hasta el 5 de abril para entregar a las autoridades los teléfonos que usó entre 2016 y 2021. No lo ha hecho. Ha dado los números que utilizó en ese tiempo porque, igualmente, esa información es pública. El siguiente paso de la fiscalía, que no ha hecho ninguna pesquisa más allá de darle veracidad al testimonio de Villanueva Barreto, podría ser ordenar allanar la casa de Gorriti y tratar de sustraerle esa información a la fuerza, aunque sea secreta y esté amparada por la Constitución. “He puesto la frontera en que no habrá ningún levantamiento del secreto de las comunicaciones, en absoluto será obedecido. Voy a hacer un esfuerzo por mantener al máximo la integridad de esta información. Y con esta resistencia lo que hacemos es cumplir la ley”, sostiene.
Todo esto le ha ocurrido en un momento de su vida en el que entró en Cancerland, un territorio al que no se necesita visa para poder entrar, pero del que es muy difícil salir, como dice Paul Auster. Será un camino duro, pero no piensa doblegarse. Y eso que se enfrenta a un enemigo muy poderoso: “La desinformación funciona. Los atentados contra periodistas de investigación han venido precedidos de campañas de desinformación, como en el caso de Dafne Caruana. Hay que saber cómo funcionan esos mecanismos, hay que entenderlos y hay que enfrentarlos. Porque investigar toma tiempo y es caro, pero mentir no requiere ningún esfuerzo”.
Gorriti es autor del libro de referencia sobre Sendero Luminoso, que tiene dos tomos. Fue secuestrado en 1992 después del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Acumula un sinfín de premios, el último el Gabo por una investigación que hizo su redacción por las muertes de manifestantes a mano de la policía en Ayacucho durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, la sucesora de Pedro Castillo. Boluarte, a pesar de tener un índice de popularidad que no llega al 10%, se ha atornillado al poder con el consentimiento del fujimorismo, un movimiento político que en teoría era la oposición. Las investigaciones de Gorriti también alcanzan a los Fujimori, por lo que ahora mismo no existe ningún contrapeso que pueda garantizar un proceso justo para el periodista.
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