La guerra en el Cauca se perdió

No es sino escuchar la voz angustiosa del gobernador del Cauca para entender cuál es la verdadera situación del departamento. Muertos y heridos a tutiplén. El mandatario solicitó al Gobierno nacional replantear el modelo de las negociaciones con las disidencias, debido a que dicho territorio se ha visto inmerso en una escalada de violencia como nunca se había visto con la peligrosidad y la frecuencia de ahora. “Señor Presidente @petrogustavo”, dice el gobernador, “lamentamos con dolor lo que ocurre en el Cauca. Hay que replantear el modelo de las negociaciones y reforzar las acciones de la Fuerza Pública con más personal y las herramientas necesarias para combatir la criminalidad”. La oportunidad para enfrentar a la subversión con éxito ya pasó de largo. Atentados, bloqueos y asesinatos se presentan por doquier y mientras tanto los subversivos ordenan a la población civil que se alejen de las instalaciones militares porque, si no, recibirán el castigo de la vecindad. En varias oportunidades, la población ha rechazado la presencia de la autoridad militar para evitar confrontaciones.

Las recompensas ofrecidas para buscar información ya no dan resultados. A la restricción en la vía Panamericana se suma el bloqueo de las comunidades de la vereda de Chontaduro, específicamente en el municipio de Rosas, debido al incumplimiento con las ayudas de vivienda a las familias como consecuencia del desastre natural.

Por otra parte, el proceso del ciclo de diálogos con el ELN continúa atascado no obstante el servilismo con el cual se comporta el comisionado de Paz. Las dificultades provienen desde el 20 de febrero por cuenta de la iniciativa del Gobierno para dialogar en Nariño con el frente Comuneros del Sur, que pidió pista en las conversaciones de paz. Mientras tanto, la insurgencia se fortalece, como lo reconocen las Fuerzas Militares. El apelativo de paz armada ―como advierte el economista Mauricio Reina― describe claramente el balance de los esfuerzos del Gobierno en su errática búsqueda de una paz total. Las accidentadas conversaciones que ha venido sosteniendo con grupos al margen de la ley y los insólitos ceses al fuego que han adornado el proceso, y que han derivado en el repliegue de la fuerza pública y el pavoneo de los delincuentes, para lo único que han servido es para afianzar el control territorial de los grupos ilegales, fortaleciendo así el auge de sus negocios ilícitos y el sometimiento de la población civil.

Con las disidencias de las FARC que se autodenominan el Estado Mayor Central las complicaciones no son menores. Tanto el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, como el jefe de la delegación gubernamental negociadora, Camilo González Posso, no saben para dónde va la vaina y se encuentran en la espera de saber quién está al mando y cuáles son las estructuras que siguen bajo sus órdenes y qué facciones ya no se muestran sometidas a una negociación de paz. En todo caso, la iniciativa la tienen los grupos armados mientras el Gobierno se somete a las condiciones de la subversión. El Gobierno busca preservar a toda costa la mesa de dialogo con el ELN. Habría que esperar a que sus economías ilícitas se desmoronen y transitar hacia una vida civil, o hacia unos beneficios jurídicos; “les damos la mano”, dijo el presidente. Y, frente a las disidencias de las FARC, se habla de la posibilidad de tener dos mesas, una con cese al fuego y otra sin él.

El peligro mayor es que la situación grave que vive el Cauca haga metástasis a Nariño y al Valle del Cauca. No hay día en que no se produzca un episodio de guerra en que los muertos y los bloqueos los ponen los civiles. La batalla se perdió.

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