El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que los militares abiertamente transgénero serán descalificados para el servicio y retirados de las filas, marcando un cambio radical con respecto a la política anterior que prohibía la discriminación por identidad de género.
El memorando, publicado el miércoles, forma parte de una demanda presentada por grupos de derechos LGBTQ+ contra la orden ejecutiva firmada el mes pasado por el presidente Donald Trump. En el documento, el gobierno justifica la medida alegando que las “restricciones médicas, quirúrgicas y de salud mental de las personas con disforia de género” no cumplen con los estándares esperados en las fuerzas armadas.
Un memorando previo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, establecía que quienes tuvieran antecedentes de disforia de género no podrían alistarse, aunque serían “tratados con dignidad y respeto”. Sin embargo, la nueva directriz va más allá, ordenando la expulsión de los militares en activo con disforia de género o historial de la misma.
El documento contempla excepciones solo para quienes desempeñen funciones esenciales en combate y el gobierno considere que existe una “razón imperiosa” para mantenerlos en servicio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado la decisión, señalando que las personas transgénero han servido con distinción en el Ejército durante años.
SPARTA Pride, un grupo de defensa de militares transgénero, reafirmó que miles de ellos siguen sirviendo con excelencia. “Ninguna política borrará jamás la contribución de los estadounidenses transgénero a la historia, a la lucha bélica o a la excelencia militar. Los miembros transgénero del servicio tienen un espíritu de lucha único y seguirán defendiendo la Constitución y los valores estadounidenses, pase lo que pase”, afirmó la organización.
El Pentágono aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema.
Según el memorando, los militares diagnosticados con disforia de género, con antecedentes o que hayan recibido tratamiento hormonal o quirúrgico serán descalificados para el servicio. Las ramas del Ejército deberán identificar a los afectados en un plazo de 30 días e iniciar su proceso de separación en el mismo período.
Aquellos que sean dados de baja recibirán honores si cumplen con los requisitos, además de una compensación por separación involuntaria. En caso de retiro voluntario, obtendrán el doble del pago correspondiente.
La política también elimina la cobertura de tratamientos médicos relacionados con la disforia de género y establece restricciones para quienes reciban una exención para permanecer en servicio. Por ejemplo, no podrán usar vestuarios, baños ni duchas del género con el que se identifican y deberán cumplir las mismas normas físicas de su sexo asignado al nacer.
Aunque se desconoce la cantidad exacta de personas transgénero en las fuerzas armadas, se estima que son alrededor de 15,000, representando menos del 1% del personal en activo, de la reserva y de la Guardia Nacional.
Desde 2016, bajo la administración de Barack Obama, se permitió a las personas transgénero servir abiertamente en el Ejército, tras determinar que no afectaba la cohesión ni la preparación militar.
Un estudio de Rand Corporation en 2016 concluyó que la inclusión de militares transgénero tenía un “impacto mínimo” en la operatividad de las fuerzas armadas.
En 2018, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Mark A. Milley, aseguró al Senado que “recibió exactamente cero informes de problemas de cohesión, disciplina o moral” relacionados con la presencia de militares transgénero.
Durante el primer mandato de Trump, el Pentágono prohibió nuevos alistamientos de personas transgénero, aunque permitió que quienes ya estaban en servicio permanecieran. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Supremo respaldó parcialmente la restricción.
El presidente Joe Biden revocó la medida en 2021 al asumir el cargo.
El nuevo memorando, que endurece aún más la política aplicada bajo Trump, se publicó como parte de una demanda impulsada por GLBTQ Legal Advocates & Defenders y The National Center for Lesbian Rights, en nombre de seis militares transgénero en activo y dos aspirantes a alistarse. La demanda alega que la prohibición viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución.
Un tribunal en Washington D.C. evalúa una solicitud para suspender la medida hasta que se resuelva el caso. La próxima audiencia está programada para el mes siguiente.
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