El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de 46 millones de dólares en enero para superar los 10,572 millones de dólares en total, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este lunes por EFE.
Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda pasó de 10,525.96 millones en diciembre de 2024 a 10,572.40 en enero de 2025, una diferencia al alza de 46.44 millones.
Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema abandonado a finales de la década de 1990, se obtienen mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están obligadas a tomar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de 2,176.67 millones de dólares.
A esto se suman 8.395,73 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
Reportes de medios salvadoreños indican que la compañía financiera inglesa Barclays publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de “que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales”.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores “no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional”.
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